La judicatura capitalina emitió un mandato claro a las autoridades de procuración e impartición de justicia: la violencia ejercida a través de plataformas digitales produce daños reales, vulnera derechos concretos y demanda el mismo rigor penal que las agresiones físicas.
Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), estableció que la aplicación de la perspectiva de género en los litigios por violencia en línea ha dejado de ser opcional para convertirse en una responsabilidad jurisdiccional ineludible.
El pronunciamiento apunta directamente a las fallas sistémicas en la cadena de justicia, donde el acoso digital históricamente se ha minimizado. Guerra Álvarez enfatizó que el entorno virtual no es un territorio sin ley, sino una extensión del espacio público donde se perpetúan dinámicas de agresión machista.
La base probatoria de esta exigencia recae en las auditorías del INEGI, las cuales exponen que 18.9 millones de internautas han sido víctimas de ciberacoso en el país. El hecho de que el 22.2% de las mujeres usuarias registre este tipo de ataques demuestra que los protocolos actuales son insuficientes para garantizar su seguridad.
Para cerrar las brechas de impunidad, el TSJCDMX urgió a establecer un cerco institucional que obligue a fiscalías, juzgados y autoridades administrativas a coordinar sus bases de datos y homologar sus criterios de actuación frente a los agresores cibernéticos.
La directriz incluye la exigencia de capacitar a los primeros respondientes —quienes reciben las denuncias formales— para evitar la revictimización y asegurar la cadena de custodia de la evidencia digital, así como la protección estricta de los datos personales de las denunciantes.
El emplazamiento judicial también involucra a las corporaciones que operan las plataformas digitales, señalando la necesidad de establecer un marco de corresponsabilidad que permita llevar la impartición de justicia a los «territorios invisibles de la red».
