El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC, por sus siglas en inglés) ha actualizado su política de seguridad para los atletas, lo que en la práctica veta la participación de mujeres transgénero en competencias olímpicas y paralímpicas femeninas. La decisión se alinea con la controvertida Orden Ejecutiva 14201, firmada por el presidente Donald Trump en febrero de este año, que impone criterios restrictivos sobre la inclusión de personas trans en el deporte profesional.
Aunque el nuevo documento del comité, de 27 páginas, evita mencionar de forma explícita a los atletas transgénero, sí afirma que la organización continuará colaborando con otros organismos “para garantizar que las mujeres tengan un entorno de competición justo y seguro”. Esta declaración remite directamente a los lineamientos establecidos en la orden ejecutiva de Trump, titulada Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos.
La orden instruye a las instituciones educativas del país —que históricamente funcionan como la principal vía de acceso al deporte profesional— a impedir la participación de atletas trans en equipos que no correspondan al sexo que se les asignó al nacer. Aquellas que incumplan la norma se exponen a perder su financiamiento federal. En otras palabras, se ha institucionalizado un marco que condiciona la financiación pública al cumplimiento de criterios binarios sobre el género en la competencia deportiva.
Además, la orden ejecutiva encomienda al secretario de Estado, Marco Rubio, influir directamente en el Comité Olímpico Internacional (COI) para modificar sus políticas en materia de inclusión de género. Según el texto, debe utilizar “todas las medidas apropiadas y disponibles” para promover la equidad, la seguridad y “el interés superior de las atletas femeninas”. Esta presión busca trasladar el enfoque restrictivo del gobierno estadounidense al ámbito deportivo global.
La medida ha generado reacciones encontradas. Por un lado, quienes respaldan la iniciativa argumentan que se trata de una forma de proteger la integridad física y la equidad en el deporte femenino, aduciendo que las diferencias biológicas confieren ventajas injustas a las mujeres trans. Por otro, críticos y defensores de los derechos humanos la señalan como una política discriminatoria que excluye a personas transgénero de espacios de competencia legítimos, refuerza estigmas y desconoce los avances científicos y médicos sobre la identidad de género.
Desde hace años, el debate sobre la inclusión de atletas trans en el deporte de alto rendimiento ha sido una cuestión polémica y polarizante. Diversas organizaciones internacionales, incluido el COI, han tratado de establecer parámetros que equilibren la equidad competitiva con la no discriminación. Sin embargo, la nueva postura del Comité Olímpico de Estados Unidos marca un giro contundente y restrictivo dentro de este debate, en un contexto político donde la identidad de género se ha convertido nuevamente en un campo de batalla ideológico.
Aún no está claro si el COI acatará las presiones del gobierno estadounidense, pero la actualización de la política del USOPC deja entrever una transformación normativa de largo alcance. Para muchas atletas trans, esto podría significar la imposibilidad de competir al más alto nivel, incluso si cumplen con los requisitos fisiológicos y hormonales previamente aceptados por organismos deportivos internacionales.
Mientras tanto, asociaciones civiles, grupos de defensa LGBTQ+ y voces académicas han comenzado a organizarse para impugnar las implicaciones legales y éticas de la medida. Lo que está en juego no es solo una plaza en la competencia olímpica, sino la posibilidad de que el deporte, lejos de ser un espacio de inclusión, refuerce exclusiones sistemáticas bajo el argumento de la protección competitiva.
